Pueblos Indígenas en Aislamiento en Colombia: una historia reciente de los retos para su protección

Desde finales del siglo XIX y principios del XX se rumoraba la presencia de comunidades que se refugiaban de caucheros y traficantes de pieles en lo profundo de la Amazonía. Se trata de pueblos que, en ejercicio de su autodeterminación, resisten a la colonización y todo contacto con la sociedad circundante. 

Autor: Daniel Aristizábal  

El río Puré (Purué en Brasil) se encuentra entre los ríos Caquetá (Japurá) y Putumayo (Içá), justo en la frontera colombo brasilera. Desde finales del siglo XIX y principios del XX se rumoraba la presencia de pueblos que se refugiaban de caucheros y traficantes de pieles en lo profundo de estos bosques. En las cabeceras de este río, que se caracterizan por onduladas colinas boscosas, rodeadas de humedales asociados a la majestuosa palma de canangucho o aguaje (Mauritia flexusoa), se encuentran malocas de un pueblo en aislamiento que ha hecho de este millón de hectáreas su hogar.  

Se trata de pueblos que, en ejercicio de su autodeterminación, resisten a la colonización y todo contacto con la sociedad circundante. Sus vecinos, los pueblos Murui Muina, Bora, Miraña, Yakuna, Kubeo, Matapí, Karijona y Tikuna comparten una historia similar. Víctimas de la esclavitud que llegó río arriba con los españoles y río abajo con los portugueses y, posteriormente, víctimas del genocidio ocasionado por los esclavistas caucheros entre 1879 y 1912, que se estima costó 50 mil vidas en la región.    

Todos estos pueblos, desde su tradición y “Ley de Origen”, respetan y valoran esta decisión de sus vecinos. Conocen las razones detrás de su aislamiento, y desde el pensamiento chamánico presienten y admiran esta decisión de resistencia.  

Como sucede con muchos pueblos amazónicos, el gentilicio asociado a los pueblos en aislamiento es cuestión situacional y de debate. Recientes investigaciones antropológicas, lingüísticas y conversaciones con autoridades tradicionales indígenas coinciden en hablar de los pueblos Yuri-Passé.

Si bien desde el conocimiento ancestral se reconoce a los Yuri-Passé como originarios de estos bosques, solo hasta 1969 el Gobierno de Colombia recibe las primeras notificaciones de su existencia. En ese año un comerciante de pieles y exmilitar intenta hacer contacto con el pueblo, para sumarlos a su cuadrilla de trabajadores explotados y abrir un paso entre los ríos Caquetá y Putumayo. Nunca regresa. El ejército, sin contexto, emprende una expedición en su búsqueda, dejando como resultado una masacre y secuestrando a una familia que es llevada al pueblo fronterizo de La Pedrera.

Víctimas de la esclavitud que llegó río arriba con los españoles y río abajo con los portugueses y, posteriormente, víctimas del genocidio ocasionado por los esclavistas caucheros entre 1879 y 1912.

Por los buenos oficios de periodistas y antropólogos, en pocos meses se logra el retorno de la familia a su territorio, y desde ese momento se tienen pocas noticias de estos pueblos. A diferencia de otros países, en Colombia existen muy pocos registros de contacto o avistamientos con los Yuri-Passé. Sin embargo, madereros, narcotraficantes, mineros, actores armados ―mientras sacan provecho de los recursos de sus territorios― han sentido, de una manera u otra, la presencia de este pueblo autónomo y resiliente.

En 2002 Colombia solo tenía un referente cercano y sistematizado de las nefastas consecuencias del contacto, el caso Nükak: un pueblo forzado al contacto por misioneros, actores armados y colonos en la década de los 80. Las tragedias del contacto (despojo, explotación, marginalización, reclutamiento forzado, asesinato, prostitución, drogadicción y alcoholismo) han acompañado a este pueblo durante los últimos cuarenta años. Estas afectaciones las enfrentan mientras resisten actualmente fuera de su territorio, pues cada vez está más apropiado por terceros.

La información sobre la existencia de los aislados puso a pensar al Gobierno colombiano en la necesidad de proteger su territorio. La región del Puré se encuentra rodeada de amplios territorios indígenas (resguardos), estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables</strong>; no obstante, la figura de un resguardo para los Yuri-Passé fue descartada, pues se advertía la ausencia de una entidad responsable y con capacidad para proteger el territorio.

Todos estos pueblos, desde su tradición y “Ley de Origen”, respetan y valoran esta decisión de sus vecinos. Conocen las razones detrás de su aislamiento, y desde el pensamiento chamánico presienten y admiran esta decisión de resistencia.  

Frente a este panorama, el Gobierno colombiano aprovecha la Política de Participación Social en la Conservación de 2001 y constituye el Parque Nacional Río Puré para la protección del territorio de los pueblos en aislamiento. Desde la fecha sus funcionarios, predominantemente indígenas de comunidades vecinas, se han dedicado a la protección de su territorio con los precarios recursos que tienen a su disposición.

En búsqueda de una política pública de protección

Con los años, investigadores y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas deciden poner en conocimiento del Gobierno indicios de hasta otros catorce pueblos aún por confirmar que viven en aislamiento en el país.

En 2010 el investigador Roberto Franco García junto con Parques Nacionales, la Universidad Nacional de Colombia y Amazon Conservation Team (ACT) confirman la irrefutable existencia de malocas de los yurí-passé en el río Puré

A raíz de este hecho, un grupo de aliados entre instituciones gubernamentales, organizaciones indígena y ONG se unieron para proponerle al Gobierno la necesidad urgente de establecer una política pública que reconozca la existencia de estos grupos en el país y dicte medidas urgentes de protección.

Así, los dos planes nacionales de desarrollo de 2010 a 2018 comprometieron al Gobierno con esta tarea. Bajo la coordinación de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, los aliados establecimos las líneas gruesas y la ruta de formulación de dicha política pública.

Las organizaciones indígenas regionales y nacionales, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lideran las discusiones con el Gobierno en las mesas de concertación establecidas para la Amazonía, y acuerdan una ruta para formular y consultar la mencionada política.

Las tragedias del contacto han acompañado a los Nükak durante los últimos cuarenta años. Estas afectaciones las enfrentan mientras resisten actualmente fuera de su territorio, pues cada vez está más apropiado por terceros.

Luego de cinco años de reuniones en malocas, consultas con comunidades vecinas a los pueblos indígenas, mesas de concertación regional, reuniones en los departamentos amazónicos, intercambios internacionales y otros, se expide el Decreto 1232 de 2018 para la prevención y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento.

La política recoge las lecciones aprendidas del caso nükak, la experiencia de países vecinos y la normatividad internacional en la materia, como las directrices de la ONU de 2012 y los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2013.

El sistema de protección se compone de una comisión nacional, comités locales (regionales) y grupos técnicos interculturales, encargados de la protección en territorio. Sin embargo, el decreto adolece de “dientes”, pues no fue posible, en la negociación con el Gobierno, otorgarle asignación presupuestal o crear un despacho o equipo encargado del tema dentro del Ministerio del Interior, órgano que, por cierto, coordina la política pública indígena del país.  

La norma, además de crear mecanismos de prevención y protección para el amparo de estos pueblos, crea un sistema articulado entre las diferentes instancias del Estado. Entre ellas, regula la investigación, los planes de prevención, la sensibilización a la sociedad, el monitoreo y control, los informes de riesgo y alertas, y establece la importancia de reconocer los instrumentos propios de planeación indígena como determinantes en esta protección. Por ello los planes de vidas, planes de manejo ambiental y demás normas internas de las autoridades indígenas hacen parte de esta política de protección.  

De este modo, la norma pretende incorporar las acciones que los pueblos indígenas colindantes a los pueblos en aislamiento vienen realizando para su protección, incluyendo, por ejemplo, el consejo de los mayores y la protección espiritual como parte esencial de la misma. 

Otros ejemplos a recalcar son el caso del Resguardo Curare-Los Ingleses, la Asociación de las Autoridades Indígenas de la Pedrera Amazonas (AIPEA), la comunidad indígena de Manacaro (Amazonas) y la asociación indígena PANI, que desde 2012 vienen implementando acciones conjuntas de vigilancia de sus territorios para así prevenir el ingreso de amenazas al territorio de los pueblos en aislamiento; al mismo tiempo que implementan procesos de educación propia, acuerdos de manejos de recursos naturales, protección espiritual y monitoreo de fauna para su protección.  

En 2015 y 2016, en la franja sur del río Putumayo, se llevó a cabo una acción coordinada entre las autoridades Tikuna de la asociación indígena CIMTAR, Parques Nacionales y el Ministerio del Interior que logró evitar el ingreso de misioneros evangélicos baptistas norteamericanos, quienes buscaban hacer contacto con las almas de los Yuri-Passé.  

La política recoge las lecciones aprendidas del caso Nükak, la experiencia de países vecinos y la normatividad internacional en la materia, como las directrices de la ONU de 2012 y los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2013.

Aun sin norma nacional de protección, Parques Nacionales avanzó en la implementación del plan de manejo del Parque Río Puré, en cuyo mandato está la salvaguarda de estos territorios. 

Dentro de su estrategia, que está compuesta por el control y vigilancia, la educación ambiental y articulación con autoridades indígenas, en 2015 se construyó el puesto de control Puerto Franco sobre el río Puré en la frontera colombo brasilera, a 600 kilómetros fluviales y tres días de distancia del asentamiento colombiano más cercano.

Este puesto operó bajo la administración de Parques Nacionales y bajo la coordinación de chamanes indígenas vinculados al área protegida hasta finales de 2020, cuando fue incinerado por grupos asociados a la minería ilegal y el narcotráfico.  

Un triunfo con falencias

Retomando las virtudes del Decreto 1232, este toma como figura territorial los denominados territorios ancestrales, delineados en el Decreto 2333 de 2014 como una figura territorial transitoria de reconocimiento a la posesión ancestral de los Pueblos Indígenas en Aislamiento; sin embargo, a la fecha no se ha declarado la primera de estas figuras en Colombia. Además, determina la necesidad de establecer planes de contingencia en caso de contacto.  

No obstante, una falencia del Decreto 1232 es que, a raíz de negociaciones políticas, limitantes técnicas y presupuestales, el decreto no define ni reglamenta la categoría de Pueblos en Contacto Inicial, dejando huérfanos de política, una vez más, a los Nükak.   

En los últimos tres años el júbilo de esta norma, avalada por las organizaciones indígenas, se ha visto opacado por su lenta implementación. El sistema no ha podido responder a tiempo a las amenazas denunciadas por comunidades indígenas y autoridades ambientales. 

Hoy podemos afirmar que este territorio está sufriendo las mayores amenazas de los últimos veinte años. Entre ellas se distinguen las actividades madereras por el sur de su territorio, el narcotráfico por el río Puré y la creciente presencia minera proveniente sobre todo del Brasil, donde la permisividad del antiguo gobierno de Bolsonaro aunada a los desorbitados precios del oro en los mercados internacionales impulsan un creciente caos en la frontera y dentro del área protegida.

Además, la lenta y desinteresada implementación de los acuerdos de paz establecidos entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, por parte del gobierno de Iván Duque, y que se mantienen hoy en día, no solo ha generado una serie de nuevos grupos armados que se disputan el control de estos territorios, sino que también ha contribuido al incremento de la inseguridad y de las actividades asociadas al narcotráfico y otras economías ilegales de la zona. 

El sistema no ha podido responder a tiempo a las amenazas denunciadas por comunidades indígenas y autoridades ambientales. Hoy podemos afirmar que este territorio está sufriendo las mayores amenazas de los últimos veinte años. 

Desplazamiento, amenazas, extorsiones y el desalojo de funcionarios públicos de diez áreas protegidas de la Amazonía en 2020 son varias de las consecuencias de esta situación.  Algunas de estas agrupaciones son: La Mafia, Los de Sinaloa, el Frente Carolina Ramírez, Comandos de Frontera, Frente Vermelho y otros grupos delincuenciales que aprovechan la falta de mandos unificados para realizar acciones criminales.  

El desafío a superar

Un importante logro y reto del Decreto 1232 es la gran participación indígena en la toma de decisiones en todo nivel</strong>; su participación paritaria y en algunos casos mayoritaria es manifiesta en las tres instancias del sistema. Sin embargo, tanto las limitaciones asociadas a los altos costos de movilidad en la selva como la falta de voluntad y recursos para contar con la participación activa de autoridades locales en espacios regionales y nacionales han ralentizado la implementación de la norma.